Ley del Poder Judicial

Ley del Poder Judicial

Preámbulo

Esta ley nace con la intención de regular la Justicia en POL. La Justicia, como poder de POL que emana del pueblo, tiene una reglamentación especial según la Constitución. Esta ley pretende desarrollar los aspectos referentes a la Justicia contenidos en la Constitución.

TÍTULO I. DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Artículo 1. El Consejo del Poder Judicial estará formado por todos los jueces de paz y el Juez Supremo.

Artículo 2. El Consejo del Poder Judicial será el encargado de nombrar y destituir jueces de paz mediante votación.

Artículo 3. El Consejo del Poder Judicial elegirá su presidente por votación. En caso de no alcanzar un acuerdo, lo será el Juez Supremo por defecto.

Artículo 4. El Presidente del Consejo del Poder Judicial tendrá la competencia de negociar con el Gobierno las retribuciones de los jueces, y tendrá derecho a hablar en el Parlamento.

TÍTULO II. DE LOS JUECES

Artículo 5. Habrá entre dos y seis jueces de paz, a determinar por el Consejo del Poder Judicial, y un Juez Supremo. En caso de que exista un número impar de jueces de paz, en las votaciones del Consejo del Poder Judicial, el presidente de dicho órgano tendrá voto de calidad.

Artículo 6. Los jueces de paz serán nombrados y destituidos de su cargo por el Supremo, siempre por previa resolución del Consejo del Poder Judicial.

Artículo 7. Los jueces se someterán a un sondeo antes de ser nombrados y luego una vez cada mes para comprobar si son respaldados por el pueblo. Dichos sondeos tendrán una duración de veinticuatro horas en el caso de los jueces de paz y de cuarenta y ocho horas en el caso del Juez Supremo, y contendrán las respuestas Sí o No. Si hay más votos contrarios que favorables, el Consejo del Poder Judicial solicitará su destitución al Juez Supremo.

Artículo 8. Los jueces serán inviolables por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 9. Los jueces no pueden ejercer como abogados, aunque pueden representarse a sí mismos.

Artículo 10. 1.º El Consejo del Poder Judicial podrá destituir jueces de paz si son inhabilitados por sentencia judicial, si no cumplen esta ley o si no hacen acto de presencia en cinco días sin justificación previa. 2.º El Consejo del Poder Judicial podrá suspender de empleo y sueldo a los jueces de paz temporalmente y por un máximo de un mes en el caso de que se detecten irregularidades en sus sentencias o procesos.

Artículo 11. El Consejo del Poder Judicial podrá solicitar en cualquier momento al Gobierno que someta a referéndum de ratificación de cuarenta y ocho horas a cualquier juez que incumpla esta ley, cuyo resultado será vinculante. En el caso del Juez Supremo se requerirá la aprobación del Parlamento como paso previo al inicio del referéndum.

TÍTULO III. DE LOS JUECES DE PAZ

Artículo 12. Los jueces de paz son los jueces de primera instancia de POL.

Artículo 13. Los jueces de paz tendrán un día para determinar si admiten a trámite las denuncias, y cuatro días para celebrar el juicio y dictar sentencia tras admitir la denuncia. En caso de juicio diferido, se darán dos días de prórroga. Si una parte del juicio no acude, el juez no será responsable por ello.

TÍTULO IV. DEL JUEZ SUPREMO

Artículo 14. Sobre su elección: 1.º El Juez Supremo será elegido una vez cada dos legislaturas, el lunes siguiente a la elección de presidente. Podrá ser elegido Juez Supremo cualquier juez que consiga el apoyo del 51% de los miembros del Consejo del Poder Judicial. De no conseguirse en una primera votación, se repetirá entre los dos candidatos con más votos. 2.º No se podrá celebrar campaña alguna en favor o en contra de ningún candidato. 3.º En caso de dimisión, revocación o destitución del Juez Supremo se elegirá otro de urgencia, siguiendo el mismo proceso, quien ocupará el cargo hasta las siguientes elecciones, sin alteraciones en el calendario.

Artículo 15. El Juez Supremo es el juez de segunda y, por lo tanto, última instancia. Contra una sentencia del Juez Supremo no cabe recurso.

Artículo 16. Son competencias exclusivas del Juez Supremo juzgar: 1.º Los recursos de inconstitucionalidad de las normas. 2.º Los juicios a miembros del Gobierno, a diputados y a jueces de paz. 3.º Los recursos a sentencias dictadas por jueces de paz. 4.º Los demás casos que determinen las leyes y reglamentos de POL.

Artículo 17. El Juez Supremo tendrá tres días para determinar si admite a trámite las denuncias y recursos desde el momento en que las recibe y las publica en el foro, y seis días para celebrar el juicio y dictar sentencia tras admitir la denuncia. En caso de juicio diferido, se darán tres días de prórroga. Si una parte del juicio no acude, el juez no será responsable por ello.

TÍTULO V. DEL PROCESO JUDICIAL

Artículo 18. El proceso judicial se inicia tras la presentación de una demanda por parte de un ciudadano que tenga los estudios de derecho, quien podrá presentarla en nombre propio o ajeno, en el caso de que el denunciante no tenga los citados estudios. La demanda se presentará por mensaje al juez que le corresponda y seguirá el modelo de denuncia que se encuentra en el apartado de Documentos.

Artículo 19. El juez determinará si admite a trámite la demanda, basándose en las fuentes del derecho de POL. Creará un hilo en el foro indicando si admite o desestima la demanda, argumentando su decisión y poniendo la demanda presentada en cualquier caso, siempre dentro de los tiempos que indica la ley.

Artículo 19bis. El juez determinará si admite a trámite la demanda, basándose en las fuentes del derecho de POL. Creará un hilo en el foro indicando si admite o desestima la demanda, argumentando su decisión y señalando la demanda como presentada en cualquier caso, siempre dentro de los tiempos que indica la ley.

Artículo 20. Si admite a trámite la demanda procederá a anunciar cuándo, cómo y dónde se celebrará el juicio, que siempre será público. Se comunicará a las partes implicadas el inicio del proceso por mensajería privada urgente.

Artículo 21. Tras el juicio y la deliberación, el juez expondrá en el hilo del foro de la demanda la sentencia judicial, que siempre deberá ser motivada en base a las fuentes del derecho. En el caso del juez de paz, indicará el tiempo disponible para presentar un recurso ante el Juez Supremo, que será de dos días naturales.

Artículo 22. En el supuesto de producirse un cruce de demandas entre los mismos implicados y por los mismos hechos o con relación entre ellos, éstas se considerarán un único caso y se llevarán en el mismo proceso, con el juez competente. Si en dicho cruce una de las partes es competencia del Supremo, éste llevará el proceso. presentada en cualquier caso, siempre dentro de los tiempos que indica la ley.

TÍTULO VI. DE LOS JUICIOS

Artículo 23. Habrá dos clases de juicios, en directo y diferidos. Los juicios en directo se celebrarán en una sala de POL, preferiblemente en Tribunales. Los juicios en diferido se celebrarán en la sección Justicia del foro.

Artículo 24. En los juicios habrá tres partes, la acusación, la defensa y el juez. La acusación será la parte que presente la denuncia, la defensa será la parte que defienda al o los acusados, y el juez será quien juzgue el caso.

Artículo 25. 1.º Las partes podrán traer al juicio y previa notificación al juez, tantos testigos o peritos como crean necesario. El juez puede delimitar su intervención si cree innecesario o que no se ajusta al litigio tratado. 1.ºbis Las partes podrán traer al juicio, previa notificación al juez, tantos testigos o peritos como crean necesario. El juez puede delimitar la intervención de éstos si considera que los datos aportados son innecesarios o no se ajustan al litigio tratado. 2.º Todos los ciudadanos están obligados a asistir a un juicio cuando son citados por un juez, de no cumplir con esta obligación incurrirán en un delito de rebeldía. 3.º Las partes pueden instar al juez a que cite a un ciudadano en calidad de testigo del proceso judicial.

Artículo 26. 1.º Como norma general los juicios se celebrarán en una sola sesión presidida por el juez, quien otorgará la palabra a los asistentes en el orden: acusación (versión de los hechos y exposición de pruebas y testigos), defensa (versión de los hechos y exposición de pruebas y testigos), acusación (alegato final) y defensa (alegato final). 2.º En el caso de los juicios en diferido, el juez, si lo estima oportuno, podrá quitar los turnos para los alegatos finales o añadir otro turno, siempre siendo una decisión motivada y respetando la igualdad de posibilidades de ambas partes y que la defensa tendrá siempre la última palabra. 2.ºbis En el caso de los juicios en diferido, el juez, si lo estima oportuno, podrá quitar los turnos para los alegatos finales o añadir otros turnos, siendo siempre una decisión motivada y respetando la igualdad de posibilidades de ambas partes, teniendo siempre la defensa la última palabra. 3.º El juez que lo crea conveniente podrá aplazar o parar un juicio si una de las partes presenta una solicitud motivada y por escrito de receso, nunca superando los siete días.

Artículo 27. Delito de rebeldía. 1.º El juez podrá imputar un delito de rebeldía a todo ciudadano que no acate sus órdenes en el transcurso del proceso. Se considerará el delito de rebeldía con categoría de grave, aplicando la sanción tipificada para este tipo de delitos en el Código Penal. Dicha pena podrá ser ejecutada en el instante, sin necesidad de celebrar otro juicio. 2.º De no asistir una de las partes al juicio, o no hacer uso de su turno en veinticuatro horas en los juicios diferidos, se la declarará en rebeldía teniendo únicamente la siguiente sanción: a) Si la acusación no asiste al juicio se archivará el caso, pasando a ser cosa juzgada.       b) Si la defensa no asiste al juicio, se entiende que renuncia a su derecho de palabra, y el juicio proseguirá igual. El abogado defensor que, actuando en nombre y representación de otro ciudadano, no acuda al juicio en dos de sus turnos, será penado con una multa de mil POLs y una indemnización de cinco mil POLs hacia su cliente sin necesidad de juicio. La ausencia reiterada de un letrado en distintos juicios conllevará una pena equivalente a un delito grave contemplado en el Código Penal y a la inhabilitación para ejercer como letrado durante un periodo de tres meses.

TÍTULO VII. DE LOS RECURSOS

Artículo 28. Hay 3 tipos de recursos: 1.º Recursos de sentencias dictadas por los Juzgados de Paz. 2.º Recursos de inconstitucionalidad a las normas. 3.º Recursos de inconstitucionalidad a hechos puntuales.

Artículo 29. Los recursos a las sentencias dictadas por los jueces de paz consisten en declarar formalmente que se considera que una resolución no se ajusta a derecho. Deberán ser presentadas por un abogado, haciendo uso de la mensajería privada para notificarlo al Juez Supremo, cumpliendo con los plazos que estima esta ley. El Juez Supremo está obligado a resolver sobre un recurso, mediante nuevo juicio o resolución directa, que podrá ser de confirmación de la sentencia de paz o no.

Artículo 30. Los recursos de inconstitucionalidad a las normas consisten en declarar formalmente que se considera que una ley o reglamento no se ajusta a la Constitución. Deberán ser presentadas por un diputado, juez, defensor del pueblo o miembro del Gobierno, haciendo uso de la mensajería privada para notificarlo al Juez Supremo en un plazo de cinco días tras su aprobación. El Juez Supremo está obligado a resolver en un plazo de tres días mediante resolución directa, en que podrá suspender la vigencia de una ley o reglamento o de cualquiera de los puntos que sean declarados incompatibles con la Constitución.

/* El artículo 30 de la LPJ colide con el punto b, ordinal segundo del artículo 34 (que en realidad es 36) de la Constitución. En la LPJ se indica que los recursos de inconstitucionalidad a las normas las pueden presentar los diputados, jueces, defensores del pueblo o miembros del Gobierno, pero en la Constitución no se indica que pueda presentarlo el Defensor del Pueblo, y el único miembro del Gobierno nombrado es el Presidente de POL. De todas maneras se puede interpretar que el artículo de la LPJ es sólo una actualización o especificación del descrito en la Constitución, pero por si acaso advierto sobre la diferencia entre ambos.*/

Artículo 31. Los recursos de inconstitucionalidad a hechos puntuales consisten en declarar formalmente que se considera que una decisión o hecho sucedido en POL vulnera la Constitución. Deberán ser presentadas por un juez, defensor del pueblo, supervisor del censo o fiscal, haciendo uso de la mensajería privada para notificarlo al Juez Supremo en un plazo de dos días tras los acontecimientos. El Juez Supremo está obligado a resolver en un plazo de tres días mediante juicio o resolución directa, en que podrá suspender la validez de las decisiones o hechos sucedidos que vulneren la Constitución.

TÍTULO VIII. DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 32. Tras la sentencia dictada por un juez de paz y una vez expirada toda vía de recurso, se dará por firme dicha resolución y se procederá a ejecutar las sanciones.

Artículo 33. Las sentencias y resoluciones emitidas por el Juez Supremo, serán de aplicación inmediata.

Artículo 34. La aplicación de una sanción o pena, sin que la sentencia que las dicte sea firme y agotada toda vía de recurso, será considerado un delito de prevaricación.

Artículo 35. Los jueces que en el ejercicio de sus funciones lo consideren necesario, y siempre como soluciones extraordinarias y motivadas, podrán tomar medidas preventivas que serán aplicables durante un periodo de veinticuatro horas, prorrogable hasta cuarenta y ocho horas más con la autorización del Supremo. Dichas medidas deberán respetar las leyes y reglamentos vigentes.

Artículo 36. Los jueces dispondrán de los medios técnicos para cobrar todo tipo de multas e indemnizaciones, que serán competencia exclusiva de éstos.

TÍTULO IX. DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Artículo 37. Todo aquél que tenga los estudios de derecho será considerado a todos los efectos abogado y por ello capacitado para actuar como acusación o defensa en un juicio, en su propia representación o en la de otros.

Artículo 38. Todos los abogados formarán parte, por defecto, del Colegio de Abogados. Dicho colegio hará votaciones internas una vez cada dos meses para elegir a un presidente, que será el representante de los abogados ante las demás instituciones.

Artículo 39. El Colegio de Abogados ofrecerá al Gobierno, cada quince días, una lista de letrados que podrán ser llamados a actuar como abogados de oficio. Aquellos que, siendo su voluntad, renuncien a ejercer como abogados o bien solamente a actuar de oficio, no podrán constar en dicha lista.

Artículo 40. El Gobierno de POL será el encargado de nombrar y cambiar a los letrados de oficio de cada juicio, siempre previa notificación y aceptación del juez que instruye el caso. La remuneración de los abogados de oficio estará determinada por el Gobierno, que pagará una cuota por caso llevado.

Artículo 41. Se asignará un abogado de oficio a aquellos ciudadanos que no dispongan de los estudios de derecho y que no tengan contratado uno. En caso de no poder demostrar la incapacidad para pagarse uno, el juez ordenará a éste el pago de los servicios del abogado de oficio, según la remuneración estimada por el Gobierno. Aquellos ciudadanos que renuncien a ser asistidos por un letrado quedarán eximidos de sufrir una posible indefensión por este motivo. Deberán notificar en el foro, y por mensaje privado al juez que instruya el caso, su renuncia al abogado de oficio.

TÍTULO X. DE LA FISCALÍA, EL SUPERVISOR DEL CENSO Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 42. Habrá entre uno y cuatro fiscales, a determinar por el Consejo del Poder Judicial, que serán nombrados por el Gobierno. Se requerirá tener los estudios de derecho y fiscal aprobados. Son obligaciones de los fiscales denunciar ante el juzgado competente aquellos ciudadanos que vulneren alguna ley o reglamento o incurran en un delito tipificado en el Código Penal.

Artículo 43. El cargo de Fiscal es incompatible con el ejercicio de la abogacía, aunque podrá representarse a sí mismo en caso de ser demandado.

Artículo 44. El Supervisor del Censo, que se regirá por su propia ley, deberá presentar denuncia al juzgado competente de las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones. En el caso de que una sentencia firme lo dictamine, procederá a suspender la ciudadanía. Artículo 44bis. El Supervisor del Censo, que se regirá por su propia ley, deberá presentar denuncia ante el juzgado competente de las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones. En el caso de que una sentencia firme lo dictamine, procederá a suspender la ciudadanía.

Artículo 45. El Defensor del Pueblo podrá solicitar que se someta a referéndum de ratificación de cuarenta y ocho horas a cualquier juez que incumpla esta ley, cuyo resultado será vinculante. En el caso del Juez Supremo, se requerirá la aprobación del Parlamento, como paso previo al inicio del referéndum.

TÍTULO XI: DE LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN DE LOS JUECES

Artículo 46. Los jueces en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación se abstendrán de dirigir el juicio y lo comunicarán de forma motivada en el foro y al Supremo, que nombrará a otro juez para llevar el caso. Las circunstancias son: 1.º Tener interés personal en el asunto que se trate, o en otro cuya resolución pudiera influir en la de aquél, o que la resolución pudiera beneficiar al juez de alguna forma. 2.º Tener parentesco de consanguinidad en la vida real con cualquiera de los representantes o partes. 3.º Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o sus representantes. 4.º Tener algún tipo de relación de servicio con alguno de los interesados o sus representantes. 5.º Compartir militancia política con alguna de las partes.

Artículo 47. La no abstención dará lugar a responsabilidad derivada de prevaricación.

Artículo 48. En los mismos casos de la abstención, los interesados o sus representantes podrán promover la recusación en cualquier momento anterior a la resolución. La recusación se planteará por escrito en el foro y se comunicará inmediatamente al Supremo.

Artículo 49. El recusado manifestará en un plazo de venticuatro horas al Supremo si es correcta o no la recusación, en el primer caso el Supremo señalará a otro juez para que continúe el procedimiento. Si el recusado niega la recusación, el Supremo debe resolver de forma motivada en un plazo no superior a tres días, pudiendo mientras tanto hacer las averiguaciones que considere oportunas. Contra la resolución del Supremo en este aspecto no cabe recurso.